Liviandad

No es común que países con un cierto grado de desarrollo introduzcan continuamente reformas en su legislación. La doctrina en este aspecto ha sido terminante al sostener que la constante modificación de la legislación atenta contra el crecimiento económico, alterando el flujo de inversiones, al afectar sus tasas de retorno y la estabilidad de las reglas de juego.

En nuestro país, en cambio, un deporte con gran cantidad de adeptos es el de las reformas tributarias. Casi todos los años se introducen modificaciones en la normativa, y es común que un mismo gobierno implemente varias durante su gestión.

Si a ello sumamos que en materia impositiva suele opinarse y legislarse con una peligrosa ligereza y con desconocimiento de la legislación comparada y de las circunstancias y condiciones que rigen en los mercados internacionales, nos encontramos ante un panorama desolador.

No obstante, por culpa de esa improvisación y la necesidad de adaptarse a la evolución operada en el mundo, debe admitirse que nuestro sistema tributario requiere adecuaciones.

Para que una reforma permita superar los desafíos que el proceso de globalización está planteando a los distintos países en el diseño de sus políticas fiscales y permanezca en el tiempo, debe ser consecuencia de un profundo debate que evalúe las características y la estructura del sistema tributario, y esté orientada a superar ineficiencias, minimizar distorsiones y mejorar el clima para la inversión.

El ordenamiento tributario argentino, que se adapta en general a parámetros internacionales, debe mejorar esos aspectos, que se originan o en la aplicación de determinados impuestos (sellos, ingresos brutos, renta mínima presunta, bienes personales y, según el enfoque, el impuesto que recae sobre el endeudamiento empresario) o en el diseño de otros (caso del impuesto a las ganancias). Pero remover estos problemas y obtener los recursos equivalentes no representa redistribuir más del 15% de la recaudación global.

Debemos insistir en que el principal motivo de ineficiencia de nuestro sistema tributario es la evasión fiscal al ser ésta no sólo un problema de equidad, sino de eficiencia.

Vamos a circunscribirnos a ciertos aspectos de los impuestos a las Ganancias y al Valor Agregado para tener en cuenta en una eventual reforma.

Modificaciones a Ganancias

El impuesto a la renta ha estado en el centro de las reformas fiscales de los últimos tiempos en el ámbito internacional y nuestro impuesto no puede dejar de ser influido por ellas.

Lo destacable ha sido la fuerte reducción operada en los tipos impositivos, tanto en el impuesto societario como en el personal, tendencia ésta que últimamente ha vuelto a exteriorizarse en la reforma alemana y en la que proyecta la nueva administración en EE.UU. Asimismo se generalizaron las bases imponibles y se trasladó parte de la carga tributaria a actividades de menor movilidad.

Con respecto al impuesto societario, existen en la doctrina sobradas presunciones de que distorsiona la localización óptima de recursos. Nuestro país debe revisar, como han hecho otros estados, el papel que ha de desempeñar este impuesto, más aún cuando la tasa actual, sin duda excesiva, ha llevado la recaudación -con relación al PBI- a niveles de los países desarrollados. Esto atenta contra las inversiones de riesgo directas, imprescindibles para el desarrollo económico del país.

Diferente es el caso del impuesto personal, cuyo nivel de recaudación está alejado de los internacionales, pero ello ocurre por razones ajenas a las que suelen esgrimirse. En este caso, teniendo en cuenta la tendencia en la legislación comparada, debe reducirse su progresividad a través de menores tasas y tipos impositivos; estos últimos, en la mayoría de los países, no superan el número de tres; incluso Irlanda y Nueva Zelanda se han planteado un tipo impositivo único.

Una propuesta reiterada, en nuestro país, proveniente de ciertos sectores, es la necesidad de generalizar el impuesto a las denominadas rentas financieras. Este es un tema sumamente delicado, respecto al cual sorprende y alarma lo erróneo de los argumentos que desconocen la realidad imperante en el ámbito internacional y las necesidades de un país como el nuestro, cuyo sistema de convertibilidad lo hace dependiente del ahorro externo al carecer prácticamente de un mercado de capitales y presentar una baja relación de depósitos con respecto al PBI.

Los mismos países desarrollados han instrumentado esquemas fiscales tendientes a atraer el capital financiero, geográficamente móvil. Resulta ilustrador al respecto un reciente trabajo de la OCDE sobre la denominada "Competencia Fiscal Nociva", donde se sostiene que el desarrollo de los mercados financieros ha incrementado el flujo del capital transfronterizo, lo cual ha permitido, al mejorar el uso y reparto de los recursos, incrementar los estándares de vida y de bienestar en el mundo. Pero ello ha requerido la reducción de las barreras fiscales a los flujos de capitales y la modernización de los sistemas tributarios. Dentro de este contexto, es aceptado que los denominados “países periféricos” se beneficien de regímenes fiscales más atractivos, e incluso establezcan incentivos para mejorar su posición competitiva. En un mundo caracterizado por la movilidad del capital, que goza de beneficios tributarios especiales, adoptar respuestas unilaterales sobre su gravabilidad no resulta sustentable.