Efectivamente, la última Cuenta de Inversión aprobada fue la del Ejercicio 1993, mientras que la discusión a que diera lugar la Cuenta de 1994 impidió que el Congreso Nacional resolviera sobre las restantes hasta la fecha, suscitándose el problema de fondo durante la gestión Menem-Cavallo.-

El periodista menciona las discrepancias suscitadas en el ámbito de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas de la Administración, integrada por diputados y senadores. Así, se ha dicho que para el ejercicio 1994 la Auditoría General de la Nación (órgano de control externo con rango constitucional), debería también auditar "la totalidad de los ingresos por privatizaciones", cosa que no hizo, probablemente el punto más oscuro de la cuestión, dado que existiría una "diferencia que supera los 500 millones de pesos".-

Por su parte, según dicho artículo periodístico, la Contaduría General de la Nación "expresó que la mayoría de las observaciones de la Auditoría General de la Nación apuntan a discrepancias entre la documentación que recibió el auditor fuera del ámbito de la CGN y la exposición de cifras que ésta consignó en los cuadros estadísticos", con lo cual se traslada la responsabilidad a las denominadas "unidades de registro primario" en los Organismos, las que no ingresaron la información al sistema o lo hicieron por circuitos no preestablecidos. Concretamente -y ello es indudable- la AGN debió verificar si la información obrante en la Secretaría de Hacienda concordaba con la documentación de respaldo de dichas unidades.-

En tal sentido, no sorprende que la gestión hacendal de ese entonces presentara una dispersión de tal magnitud, especialmente cuando el proceso indiscriminado de privatizaciones no se concentró en un área rectora, sino que, por el contrario, la "responsabilidad" se diluyó en las distintas áreas gubernamentales involucradas, con lo cual pude inferirse el consiguiente grado de dispersión de los recursos y la incertidumbre de sus aplicaciones, situación de inusual gravedad.-

Por ello, resultan improcedentes las críticas formuladas a la CGN, por cuanto la misma se limitó a registrar la información remitida por las áreas de supuesta incumbencia, en cuyo caso hubiera correspondido, complementariamente, que las "unidades de auditoría interna", dependientes técnicamente de la Sindicatura General de la Nación (órgano de control interno) y la misma AGN, efectuaran una auditoría integral sobre el proceso de privatizaciones, dada su índole y la magnitud de los intereses en juego.-

En este caso se demuestra que, al igual que en la gestión actual y salvo excepciones, no existió "ambiente" de control, por cuya razón reitero que el control público en el Estado Nacional resultó prácticamente irrelevante. Resulta difícil explicar, por ejemplo, las vicisitudes presupuestarias por las que atraviesa la AGN en una partida como la de personal contratado, que por su misma flexibilidad, no condice con la necesidad de un gontrol que garantice plenamente la consistencia y transparencia de la gestión gubernamental.-

En última instancia, se repite la historia. En su momento, rigiendo la ex Ley Nacional de Contabilidad, la Contaduría General de la Nación, en la década del 70 y principios de la del 80, tenía a su cargo "el control interno de la Hacienda Pública" y, como extensión, a través de su "Cuerpo de Auditores Delegados" y durante ese periodo, dictaminar sobre los estados contables presentados por Organismos y Empresas del Estado ante el Banco Interamericano de Desarrollo {BID} y Banco Mundial. Dicha tarea profesional, de reconocida calidad, no incrementaba el gasto público, por cuanto se afrontaba exclusivamente con los reducidos salarios de la Administración Central. Qué ocurrió?: Las instituciones financieras internacionales decidieron asignar dicha función a estudios privados de auditoría incluidos en listas de preferencias y el Estado vió sustancialmente incrementado dicho gasto público en concepto de honorarios profesionales, sin variar la calidad del producto final.-

Así, la situación expuesta sobre la Cuenta de Inversión ameritaría la necesidad de deslindar las responsabilidades del caso, por sobrepasar el alcance tanto de la CGN como de la AGN, dado que si la información en concepto de privatizaciones resultó insuficiente, ello obedeció a factores de índole eminentemente políticos, en cuyo caso, debió dictaminarse la Cuenta 1994 con las salvedades o excepciones que correspondieran y, paralelamente, no haberse omitido el juzgamiento de la gestión política del período en cuestión. No es justo que la responsabilidad recaiga siempre sobre los funcionarios de carrera mientras que los cargos políticos "de paso" son inmunes de toda culpabilidad.-

Esta es la Argentina que tenemos. La Argentina de hoy que queremos superar. No basta con una reforma del Estado si ésta no va acompañada de una profunda transformación de la cultura organizacional y de un trascendente replanteo en términos de ética para la gestión pública. No basta con meras expresiones de deseos. Se requieren grandes decisiones para recrear el Estado, con la asistencia de una dirigencia política que conozca y valore, de una vez por todas, la importancia de los sistemas de información y del control público para la rendición de cuentas y la toma de decisiones.-

Resulta un contrasentido hablar de transparencia si persiste el desdén por la consistencia de la información. El riesgo es aparentar, falsamente, una transparencia que no es tal, con una gran profusión de datos al alcance de la opinión pública, pero que no son sometidos a controles integrados serios, consistentes y confiables, avalados por autoridades políticas comprometidas y dispuestas a reconstruir la Nación.

Setiembre/2001