Autor: Dr. CP
y LE Aarón Gleizer |
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Contador Público.
Licenciado en Economía. Asesor normativo IMFC. |
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El Proyecto de
Ley comentado innova en cuanto a la participación estatal en las cooperativas de
servicios públicos, pero presenta fallas estructurales de funcionamiento y desconoce la
rica experiencia de las entidades existentes. |
Introducción
Se encuentra a consideración de la Cámara de Diputados de la Nación un Proyecto de Ley
de creación de Cooperativas de Servicios Públicos con Participación Estatal (CSPPE)
(Exp. 739-D-08; Boletín de Asuntos Entrados Nº 3, Trámite Parlamentario Nº 1),
presentado por la Diputada Laura Judith Sesma (PS, Córdoba), con el acompañamiento de
los diputados Mónica Fein, Norma Morandini, Silvia Augsburger y Pablo V. Zancada. El
Proyecto reproduce, con algunas modificaciones, una versión anterior presentada por la
Diputada Sesma.
Como idea central, el Proyecto compromete aportes económicos de la Nación, de las
provincias y de los municipios, para capitalizar a las cooperativas de servicios
públicos. Aparece así como reacción ante las posturas neoliberales que prevalecieron
durante la década del noventa del siglo pasado, que propiciaban el retiro del Estado de
actividades críticas como la salud y la educación, y en el tema de servicios públicos
que nos ocupa aquí. Para los neoliberales, el Estado debe desentenderse de estas
actividades, dejándolas libradas a las decisiones del mercado.
Como resultado concreto de la aplicación de aquellas políticas, las actividades
involucradas sufrieron un proceso de mercantilización, a partir del cual solo tenían
acceso a esas prestaciones básicas quienes estuvieran en condiciones de afrontar su
costo, en tanto los excluidos, cuyo número aumentaba en progresión geométrica por
aplicación de esas mismas políticas, quedaban totalmente privados del acceso a tales
prestaciones.
No obstante el plausible propósito de los autores del Proyecto, resulta harto discutible
el acierto del camino elegido para llevarlo adelante. Por una parte, las cooperativas de
servicios públicos han alcanzado en nuestro país un desarrollo significativo a partir de
la creación, en 1926, de la primera cooperativa eléctrica en Punta Alta, provincia de
Buenos Aires; y además vienen afrontando, sobre todo en los últimos tiempos, graves
amenazas para su funcionamiento operativo que comprometen severamente su propia
subsistencia.
En tal sentido, el Proyecto subexamen no aporta soluciones efectivas para ninguno de los
graves problemas que comentaremos más adelante, sino que más bien parece discurrir por
otros carriles, lo que en definitiva genera fuertes dudas en cuanto a su verdadera
utilidad. Para acceder al material completo, haga click aquí. (zip, 34Kb) |
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Publicado en Revista del Instituto de la Cooperación Nº 189/2008, pág. 500. |
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