El Control Público. Requisitos para su eficacia

Tenemos una nueva ley que regula la administración Nacional, se crearon nuevos institutos y los expertos diseñan sistemas e informes pero la opinión pública mira todavía consternada a los gobernantes. Parecería que la gente no percibe lo que se hace. ¿Se hace algo? Sin duda. ¿Falta algo? Parecería que sí. No se puede ignorar este dato de la realidad: La gente no siente que haya adecuado control de la gestión de sus representantes. Si esta sensación existe no puede ser el resultado de la ignorancia o la consecuencia de la pérdida malintencionados comunicadores. Por otra parte, sucesos públicos respaldarían la razonabilidad de la presencia de esta sensación.

Sin embargo, la discusión y atención está en la organización de los organismos de control y sus procedimientos. No se observa la misma atención para definir sobre dónde y a quién controlar y cuáles son los requisitos para que sea eficiente y eficaz. Parece que el problema podía residir justamente en estos aspectos. La intención de este documento es hacer un listado y descripción de algunos de estos requisitos y que provoque el necesario debate, análisis y puesta en orden.

1. Debemos empezar, como corresponde, por el principio, y el principio es la existencia de la vocación por ejercer el control (con las dificultades que eso provoca) y de la disposición a ser controlado (con los límites para desarrollar la propia voluntad).

Aunque parezca perogrullo, esta manifestación está basada en al experiencia; años de desorden han deteriorado las prácticas administrativas y la falta de estabilidad institucional interrumpió la capacitación y dificultó la sucesión normal de los funcionarios. Los recién llegados, a veces por desconocimiento y otras por caprichos, ejercían las facultades recibidas con un amplio margen de arbitrariedad.

Hoy, falta la tradición y el orgullo del “controlador”.

2. Para poder controlar (o si se prefiere, supervisar) es necesario que sea claramente explícito el resultado que se pretende lograr. El Presupuesto por Programas es un instrumento apto para este requisito. Pero también debemos aceptar que aunque el reiterado cumplimientos de los plazos en la presentación del presupuesto anual es realmente un destacado logro, estamos aún lejos de que este instrumento cumpla la definición de las metas que el gobierno aspira a cumplir con los medios que solicita. Ni los legisladores, ni los periodistas, ni organizaciones intermedias, profundizan en el significado que tienen las demandas incluidas en el Presupuesto, que es (o debería ser) nada menos que el Plan de Gobierno del correspondiente año.

3. La sociedad, la gente, debe tener conciencia de la existencia de la cosa pública y respetarla. Mejor, apreciarla; darle valor a su existencia y que valga la pena cuidarla.

Las conductas prevalecientes en nuestra vida diaria mostrarían la ausencia del valor que se asigna a la propiedad común. De parte del habitante común lo mostraría la forma de tratar los desperdicios (papeles, latas, etc.). De las autoridades, como muestra están los recapados de las calles por encima del nivel de las veredas y producidos los baches legales y pagos que representan las distintas tapas a bajo nivel de los asfaltos más las veredas permanentemente deterioradas.

La dificultad para controlar, poner en límites normales, el uso de los espacios públicos; puestos de vendedores, expansión de los kioscos de diarieros, etc., es el resultado de la despreocupación del respeto que se debe demandar por la cosa pública.

4. Además de la mencionada propiedad común (la cosa pública), que se refiere a los bienes físicos, es necesaria la voluntad de ajustar las conductas a las reglas que estén establecidas, es decir, tener un comportamiento que respete sin necesidad de mayor coerción, los limites de los intereses y gustos. Cuanta mayor autonomía se tenga para actuar (poder, riqueza, etc.) más manifiesto debería ser el proceder ajustado al respeto normativo y las buenas costumbres.

5. Como corolario de los puntos anteriores, será natural y espontáneo que funcionarios y políticos rindan cuenta de su gestión (“respondabilidad”; en inglés; accountability) y que se sometan a la vigilancia y opinión pública. Decir eso también incluye el actuar austero.

6. Por las mismas razones, los que circunstancialmente están a cargo deberán soportar las crítica, cualquiera sea su naturaleza. En razón de haber recibido el encargo de representarlos, es natural qué estén sujetos a la permanente observación y, por consiguiente, recibir comentarios críticos. Lo que corresponde es que los respondan y si pueden que los refuten.

7. En estas condiciones, la población, los periodistas y los opositores deberán ejercer su derecho a la crítica y, si correspondiere, las denuncias con seriedad y prudencia. Este ejercicio es condición necesaria para mantener un ambiente civilizado en las discusiones y, en su caso, para que el porcentaje de las investigaciones satisfactorias no sea decepcionante.

8. Para que la tolerancia y la credibilidad prevalezca, es requisito sea suministrada información oportuna, detallada y entendible. La calificación de la información que se suministre corresponderá a sus destinatarios y quienes sea los responsables de su diseño y preparación deberán ajustarse a los requerimientos de los usuarios. Esta información cubrirá tanto los objetivos y logros como la clara explicación del origen y del uso de los fondos; que cuando corresponda, incluirá los puestos a disposición en forma extra presupuestaria.

9. Separar las funciones administrativas y políticas claramente entre los funcionarios de carrera (con estabilidad) y los asignados a los cargos políticos(por definición, transitorios). Será natural el respeto de los procedimientos y habrá mayor dedicación por la definición de los objetivos