Introducción
El empleo del término inversión es frecuentemente utilizado en nuestro
país. Como posee significados diversos, lleva más frecuentemente a generar confusión
respecto de las ideas o conceptos que quieren ser expresados mediante el empleo de esa
palabra.
Los textos introductorios a la ciencia económica suelen diferenciar la connotación
derivada de su empleo en la microeconomía de aquélla propia de la macroeconomía.
Así, en el campo de la primera de las materias citadas, el concepto alude a la
adquisición de activos productivos (1) (terrenos, edificios, instalaciones,
maquinaria y equipos, rodados, etc.; bienes de uso, en general) susceptibles de generar
cierta masa de utilidad para quien realiza la compra, en tanto que para la segunda de las
acepciones, la adquisición de los mismos debe implicar la ampliación del aparato
productivo de la economía; es decir que, para ser considerada inversión macroeconómica,
debe tratarse de bienes de capital absolutamente nuevos para el sistema.
De aquí puede concluirse que una inversión realizada por un determinado agente
económico es susceptible de ser la contraparte de una desinversión de otro
agente, verificándose, en definitiva, una compensación entre ambas operaciones y
ausencia de inversión macroeconómica debida a un no incremento del stock de capital
social: así puede entenderse que al referirnos a la inversión macroeconómica se aluda a
ella como formación de capital.
En lo que sigue, nos estaremos refiriendo a la última de las acepciones señaladas en la
argentina, al crecimiento de stock de capital en nuestro país.
La idea que preside este artículo apunta a mostrar que la confusión terminológica
citada deriva de un profuso manejo no técnico del vocablo, o no muy preciso, y lleva a la
falsa apreciación de que en nuestro país existe mucha inversión cuando en realidad, y
en términos relativos, ésta es muy pequeña.
La misma es patrimonio de numerosos miembros de grupos sociales, alcanzando la confusión
no sólo a comunicadores sociales, sino también a dirigentes políticos, empresarios,
gremiales y, por qué no, varios economistas.
Adicionalmente, este enredo conceptual tiende a generar expectativas sobredimensionadas
respecto del futuro de nuestra economía y nuestro país, por sugerir que pocos años de
inversión incremental son suficientes para arribar a instancias paradisíacas en nuestros
estándares de vida.
1. Algunos
datos:
Tradicionalmente la economía argentina mostró una tasa de inversión del orden del 20-22%
del PBI, definiendo a ésta como relación por cociente entre la inversión bruta
interna y el producto bruto interno; o, empleando la simbología de los textos (2), Tasa de I = (I/Y)*100.
La presencia de estos guarismos, su relativa estabilidad y su coincidencia, en general,
con los resultados de cuentas nacionales de economías desarrolladas dió pie a suponer
que la igualdad de coeficientes era correspondida con la similitud de estadios de
evolución. Difícil era asumir que los datos de las economías avanzadas eran resultado
de haber culminado la maduración de sus respectivos procesos de desarrollo, mientras que
los relativos a nuestro país eran un indicador del agotamiento de una etapa inicial de su
proceso.
Algo semejante ocurría con la propia tasa de crecimiento de la economía, donde la
similitud de sus ritmos de variación hacía creer que se originaban en la pertenencia a
una misma categoría de países.
La situación meramente numérica cambió fuertemente con la posguerra de
Malvinas.
La finalización del conflicto evidenció la profunda crisis de las finanzas públicas
obligando al estado a reducir su participación en esta variable, de la cual era su
principal aportante y dinamizador
(3). Durante los
años inmediatos a dicho evento los indicadores de inversión macroeconómica de la
Argentina se redujeron a niveles cercanos a la mitad de los anteriores, la tasa se ubicó
en un entorno del 12-14% del producto.
Ahora bien, como estos indicadores dan cuenta de la formación bruta de capital se hace
necesario, para dimensionar el verdadero incremento de la capacidad productiva de un
país, tomar en cuenta la variable neteada de amortizaciones. En estos
términos, es posible hablar también de una tasa macroeconómica de amortización,
definida por cociente entre la masa correspondiente al consumo de capital y el producto
bruto, simbológicamente: (A/Y)*100.
Las estimaciones de esta tasa realizadas en el pasado para nuestro país (4), dieron cuenta que el coeficiente se ubica en alrededor
del 10-12% del PBI. En estas circunstancias, las relaciones tradicionales
de inversión obviamente se verían reducidas a la mitad, siendo absolutamente
insuficientes como indicadores de inversión neta, y de altísima criticidad dada su
cercanía a 0% del PBI en el período posterior a Malvinas (5).
Durante la Presidencia del Dr. Menem, y por impulso del proceso de privatización de
empresas públicas y de Reforma del Estado, se vieron recuperados los niveles de
inversión tradicionales, es decir, que la tasa volvió a ser de alrededor de 20-22%
del PBI, lo que dio lugar a un renacimiento de ideas anteriores de igualarnos con
las potencias más desarrolladas: inclusive se llegó a manifestar pública y oficialmente
nuestro ingreso como sociedad al primer mundo.
Pero su agotamiento también dio lugar a un retorno a los coeficientes del 12-14% (en el
año 2002, 11%) como en el período post Malvinas, lo que también da pie a comprobar
cómo la tasa de inversión ha sido sostenida por el esfuerzo financiero del estado o por
la fuerza de su capacidad de inducción de inversiones.
El discurrir de la tasa macroeconómica de inversión durante los últimos años, puede
ser seguido en el gráfico que va a continuación, elaborado con información tomada del
Ministerio de Economía.
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Tasa de Inversión (anual
en porcentaje) |
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Los
datos dan cuenta del peligro de reducción del aparato productivo argentino o, en el mejor
de los casos, de su no-crecimiento, siendo éste la demostración cuantitativa, en el
ámbito de las cuentas nacionales, del estancamiento económico soportado por nuestra
sociedad.
2. Tasa
necesaria de inversión:
La definición de esta tasa debe ser puramente empírica, conceptualizándola como
aquélla que permita acceder a niveles de desarrollo aceptables, comparables a las de las
potencias económicas, en términos de una generación: 20-25 años, lo
que desde ya supone una descalificación de pronósticos sobreoptimistas.
Atendiendo a que el desempeño de la economía argentina en las últimas décadas ha sido
deficiente, la elección de un indicador objetivo, como concreción de anhelos a alcanzar
en materia de inversión y expresado como proporción del PBI, debe ser resultado de la
observación de experiencias internacionales cercanas y exitosas. Argentina debe pretender
niveles de inversión muy superiores al 14% del PBI y también muy superiores a los de su
tradición histórica.
Si se toma la experiencia vivida por otras economías que han atravesado un proceso de
desarrollo reciente, por ejemplo las del extremo oriente, deberá aceptarse que la tasa de
inversión debería ser igual o superior al 30%. Cabe recordar que en países de esa
región (Japón, Corea del Sur, Taiwán, China, Malasia, Indonesia, Tailandia, Viet Nam,
Singapur, etc.) se registraron coeficientes de hasta el 35-36%, debiendo hacerse notar que
en dichas economías, al ser la edad de su parque de activos fijos muy reciente, sus tasas
de amortización son menores de aquéllas que se registraron en nuestro país.
Es probable que en las economías citadas hubiera coeficientes de amortización mayores
debido a obsolescencia de equipos, por estar insertadas en una vorágine de competitividad
que obligue a ello; pero también es cierto que la obsolescencia no abarca a la totalidad
del espectro productivo sino a aquellas actividades que, por estar a la vanguardia,
requieran alta rotación a efectos de conservar sus posiciones relativas. Quedan fuera de
esta alternativa aquéllas vinculadas a la infraestructura productiva: carreteras,
puentes, centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, etc. en las cuales la
obsolescencia tecnológica es menos veloz que en otras como la microinformática, nuevos
materiales, etc.
Esto hace que la Inversión Neta de esos países sea notablemente superior a la nuestra,
explicando ello nuestro retraso relativo y nuestro estancamiento productivo.
3. Tasa
probable de inversión:
Si la tasa necesaria de inversión es superior al 30% del PBI la tasa probable,
definida ésta como aquélla que cabe esperar de acuerdo a nuestra tradición histórica,
es bastante inferior.
Esta afirmación no se encuentra avalada exclusivamente en la estadística histórica
referida a esta variable, sino que además existen condicionantes económicos que tienden
a consolidarla: finanzas públicas deterioradas, actuales niveles de utilidad en sectores
de actividad suceptibles de levantarla y una generalizada conducta desaprensiva respecto
del manejo de nuestros recursos productivos.
Los argumentos recién citados son los que habría que remover, para poder acceder a la
tasa necesaria.
La experiencia histórica mostró que, en tanto la Inversión Pública tuvo dinamismo y el
Sector Público fue activo promotor de la actividad económica, como en la etapa pre
Malvinas o, como durante los primeros años de la década anterior, la Inversión Bruta
Total también evidenció tonicidad en su performance. Por el contrario,
cuando aquél desertó como inversor, careció de proyectos o no ofreció alternativas
estimulantes al conjunto de la sociedad, la inversión bruta interna presentó guarismos
decepcionantes como los de los últimos años o los primeros de la década del ochenta.
Esto supone que en la estructuración de las finanzas públicas deben ser tenidas en
cuenta estas características de la evolución de la cuenta inversión bruta interna e
incluir dentro de los futuros presupuestos fuertes partidas destinadas a la inversión.
Por supuesto, no cualquier inversión sino aquélla orientada a incrementar el capital
social básico de nuestro país, aquélla orientada a ampliar el aparato productivo,
aquélla destinada a servir de infraestructura de la inversión privada, aquélla que
induzca al inversor privado a concretar su propio proyecto.
Mientras el tratamiento de la situación de las finanzas públicas sea similar al llevado
a cabo durante los últimos años, la tasa de inversión que presentará nuestro país se
acercará fuertemente a la verificada en el mismo: cercanas a la inversión neta negativa.
El riesgo se irá disipando a medida que la confección de los presupuestos de gastos
estatales vayan teniendo en cuenta las necesidades de consolidar la nación creada por
nuestros mayores.
Por otro lado, el proceso de Reforma del Estado y privatización de empresas estatales
verificado a comienzos de la década pasada que, como se dijo, supuso un retorno a la tasa
de inversión tradicional de la Argentina, ha tenido paradójicamente sus consecuencias en
el deterioro de las expectativas de inversión futura. Durante el proceso privatizador,
las modalidades que asumió éste implicaron el acceso a muy altas tasas de rentabilidad
para los inversores por su capital efectivamente inmovilizado, ello como consecuencia de
haber aportado títulos públicos que pudieron ser adquiridos a valores venales y
aportados a valor nominal, como asimismo por el haber recibido seguridades de altas tasas
de remisión de utilidades al exterior.
El agotamiento de este proceso supone la reducción de su tasa de ganancia media dado que
se reduce la tasa marginal de utilidad para toda nueva inversión, sea
ésta nueva o de reposición, debido a la imposibilidad de recrear las condiciones habidas
al momento de la privatización. Es por ello que, en varios casos, las autoridades
gubernamentales, en la idea de concretar inversiones, otorgaron mayores concesiones a las
originalmente pactadas (ampliación de plazos, reducción de exigencias de mejoras o
ampliaciones, etc.) como forma de atenuar la caída de la rentabilidad media de la
inversión, aunque los resultados obtenidos, por lo que muestra el indicador del año 2002
(11%) dan cuenta de fracaso.
El sinceramiento de esta situación ocasionará no pocos problemas a las autoridades que
lo aborden y significa, para la actual conducción, disponer de una gran entereza y
valentía haberse propuesto su renegociación.
El tercero de los pilares problemáticos tiene que ver con el manejo desaprensivo que se
hace en nuestro país de los recursos productivos; en especial referencia en este caso a
los recursos de capital. Volviendo a los textos introductorios a la
macroeconomía, se conviene en señalar la existencia de tres recursos fundamentales,
naturales, humanos y de capital.
En materia de recursos productivos se nota despilfarro, mostrando una conducta no
existente ni en los países más desarrollados del planeta. El despilfarro es a pesar de
que los agentes encargados de su cuidado, protección y/o desarrollo, dirigentes
políticos, funcionarios, etc. en caso de ser consultados acerca de la política que
llevan a cabo respecto a ellos, tienden a afirmar que deben satisfacer necesidades
múltiples administrando ese recurso escaso, la consabida definición de
economía política.
La experiencia indica lo contrario. En cuanto a recursos naturales (T)
existe una concepción generalizada acerca de la riqueza de nuestro país, dimensionable
en la superficie cultivable, magnitud de tierras aptas para la ganadería, disponibilidad
de yacimientos minerales, masas boscosas, plataforma submarina, fuentes agua dulce, etc.
Pero lo que no posee el mismo grado de generalización es el descuido de ellos que llegó
al punto de poner en peligro la propia existencia de masas boscosas patagónicas (6). También es perceptible el aumento en la desertificación
en nuestras llanuras, dilapidación de recursos no renovables, etc.
Respecto del recurso humano (L) también existe consenso acerca de la
riqueza potencial de la mano de obra argentina, su calificación, profesionalización,
etc. Pero los indicadores de desocupación abierta o encubierta dan cuenta de una realidad
muy distinta a la aceptada y las deficiencias de nuestro sistema educativo, en todos los
ciclos, muestran que los problemas persistirán en el largo plazo. Aquí también hay
igualmente desaprovechamiento de capacidad productiva.
En materia de recursos de capital (K) nuestro país adopta una conducta
no menos despilfarradora que en los anteriores, siendo más grave aquí debido a que, por
tratarse de un país no desarrollado, su nivel de desarrollo es expresión de la falencia
de capital, mostrando en algunos casos notoria insuficiencia.
La actitud hacia este recurso es también de destrucción, nítidamente visible en los
casos de levantamiento de ramales ferroviarios o en la fuerte reducción del número de
establecimientos industriales, como los resultados de los últimos censos económicos se
encargan de demostrar y sin detectarse una sincera preocupación al respecto, de parte de
las autoridades de turno.
El panorama descrito más arriba, contradice abiertamente la teoría económica más
elemental dado que no se ha visto en los últimos años una articulación de políticas
tendientes a administrar recursos escasos para atender necesidades múltiples,
sino que lo más destacado es la suicida conducta respecto a los recursos productivos que
tiende a minar nuestra constitución como sociedad. |