Características de la labor del Auditor

En el sistema de controles, la sociedad ha delegado en los contadores el control de la integridad y la confiabilidad de la información originada en los negocios, es decir, le ha sido otorgada el poder de tutelar la fe pública, de salvaguardar el interés público.

Para el ejercicio de esta función pública, se le exige a los profesionales, a través de las normas éticas que regulan la profesión, tener un comportamiento íntegro y una opinión objetiva en la emisión de sus informes profesionales.

Pero no basta solo la moral y la honestidad intelectual para asegurar la calidad profesional, porque estos son valores que no se pueden calificar o medir objetivamente, sino que además las normas y el control a que deberán someterse los profesionales para garantizar su idoneidad, su integridad y su objetividad, tienen que estar definidas con la mayor precisión para permitir a la sociedad identificar clara y rápidamente los comportamientos dolosos o negligentes cuando estos se producen.

Dentro de estas normas, uno de los principios básicos, definido como fundamental y delicado en la actividad del auditor es su independencia, característica que le permite que su opinión sea objetiva y no esté contaminada por compromisos personales ni por presiones externas.

Por esta razón y en vista de los recientes escándalos, se discute nuevamente con mayor intensidad, si la prestación de servicios de asesoramiento es incompatible con la labor de auditoria, teniendo en cuenta que las diferentes características de ambos servicios generan un conflicto de intereses entre ambas labores y que al ser realizada por la misma persona se elimina la necesaria contraposición objetiva de intereses.

Las opiniones, cuando se analiza ésta cuestión, van desde considerar la prestación simultánea de servicios de asesoramiento y auditoria como absolutamente incompatible hasta minimizar el conflicto existente en la coexistencia de ambas prestaciones.

Los que defienden la posición extrema de incompatibilidad, opinan que siendo la obligación del auditor la de calificar el control interno y la información contable ofrecida por el cliente, habría un conflicto de intereses derivado de la confusión de ser la misma persona la que al asesorar ofrece soluciones que luego debe calificarlas, faltando en ese caso el elemento esencial de objetividad.

Las posiciones más proclives a mantener la coexistencia de ambas funciones aluden en principio a que no debería ponerse en duda la labor del auditor en la medida que este no efectúe tareas o tome decisiones a nivel directivo o ejecutivo, es decir que no tenga responsabilidad de aceptar o ejecutar el asesoramiento propuesto. Otra de las razones esgrimidas es que el desempeño de ambos cargos permiten al profesional conocer con mayor profundidad la problemática del cliente lo que le posibilitaría ofrecerle mejores opiniones profesionales sobre cuestiones especiales o complejas.

En el análisis de esta cuestión, también debería tenerse en cuenta el tamaño de las empresas. Es evidente que una PyME se encontraría con desventajas económicas si se le negara la posibilidad de contratar un solo profesional. Esta cuestión es importante en nuestro país, si se considera que el tamaño promedio de estas empresas es varias veces más pequeño que sus similares del mundo desarrollado y que la falta de recursos, que normalmente las priva de estructuras administrativas confiables, las pondría en una situación aún más comprometida al no tener acceso a asesoramiento confiable en cuestiones fiscales o financieras que difícilmente puedan comprometer la objetividad al momento de la auditoria. También debe tenerse en cuenta que los balances de las pequeñas sociedades tienen en general, por objeto solo los fines fiscales y que rara vez son utilizados para fines financieros por la falta de adecuados mercados de capitales para este tipo de empresas.

Sin embargo, la cuestión puede ser distinta en el caso de las grandes empresas. En ellas, ya sea por el tamaño relativo, por su significación en el mercado o por la dimensión de los intereses en juego, las consecuencias de una labor de auditoria deficiente o deshonesta pueden impactar seriamente en el conjunto de la sociedad, por ésta razón se debe considerar seriamente la incompatibilidad entre ambos servicios, para que el asesor, al intervenir en situaciones controversiales, no se vea obligado, comprometido o apremiado a dar una opinión, en la que necesariamente se verían amenazadas su independencia y su objetividad.

Por último, debemos tener en cuenta que actualmente la ética del profesional puede estar mucho más afectada por otros factores, quizás de más peso que la prestación simultánea de servicios. Entre ellos debemos considerar los siguientes:

• Una sociedad seriamente contaminada por la corrupción.

• Empresas cuyas estructuras de dirección tienen en algunos casos objetivos diferentes de los de sus accionistas y en algunos casos, objetivos contrarios a los de la sociedad.

• Instituciones educativas donde la formación ética del profesional no tiene un lugar preferencial y donde estas instituciones a su vez son un muestrario de ejemplos de prácticas corruptas.

• Una economía arruinada donde el auditor tiene que opinar muchas veces sobre las cuentas de su principal cliente o del cliente que representa para él su posibilidad de subsistencia.

• Una estructura legal e impositiva desprestigiada, arbitraria, confusa y altamente controversial con serias restricciones para el desarrollo económico.

Conclusiones

Si bien es indudable que la prestación simultánea de servicios de auditoria y asesoramiento influyen en la objetividad del auditor, es necesario admitir que en nuestro país, en las PyME, debe permitirse la ejecución de ambas tareas por parte del mismo profesional, en la medida que se modifiquen las normas profesionales, fijando marcos referenciales diferentes para PyME y grandes empresas y que el auditor deje claramente establecido que por la naturaleza del asesoramiento brindado, en ningún momento ha realizado tareas de ejecución o dirección, aún en forma independiente, a fin de garantizar que su labor de asesor no afectó su independencia de criterio.

De cualquier manera no podemos pensar que la mera modificación de las normas mejorará la integridad de nuestra profesión. En este sentido, hay que exhortar a los profesionales para que tengan y exijan un comportamiento serio y éticamente responsable, no solo por una actitud principista, sino porque la situación actual nos muestra de manera muy cruel como la corrupción nos empobrece dramáticamente a todos sin distinción.