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El
Problema
El Presupuesto Público es un importante instrumento en la vida económica y política del
país, es la expresión consensuada y coordinada del plan de gobierno para un período
determinado.
Coordinada porque es el resultado de la compatibilización entre los recursos y las
demandas públicas.
Consensuada porque es el resultado del acuerdo entre el Poder Administrador y el Poder
Legislador.
Por lo tanto, es un instituto al que hay que dedicar atención y vigilancia.
Aunque hoy la situación es mucho mejor que hace años, el funcionamiento del sistema
presupuestario público argentino recibe (justificadamente) innumerables críticas.
Desde hace años se cumplen los calendarios establecidos para la presentación del
proyecto anual y su aprobación se realiza oportunamente, sin embargo, la calidad de estos
documentos y sus procesos se ha ido deteriorando cada año.
El Presupuesto Público, que en una época se lo nombraba como la ley de leyes,
es teóricamente (y así debería ser) la expresión numérica del plan de acción del
gobierno.
Desde 1993 se lo configuró, justamente por esta razón, en redes programáticas que
deberían reflejar ese plan.
La realidad actual es que no hay manifestación explicita del plan y los números se
reducen a asignaciones de autorizaciones a las distintas dependencias gubernamentales.
Su vigencia anual es cada vez más reducida. Los ajustes, en general significativos, se
comienzan a realizar ya en los primeros meses del ejercicio sin que se hayan presentado
situaciones imprevistas significativas.
Sin mencionar las facultades para cambiarlo que se confieren al Administrador.
Por otra parte, las prácticas establecidas para su ejecución se han trasformado en
reglas tan inflexibles, complicadas y a razón de funcionarios alejados de la gestión,
que la queja es generalizada y permanente; a su vez es justificativo para administraciones
ineficientes cuando no ineficaces.
Esta misma razón ha permitido la proliferación de fondos fiduciarios, nueva expresión
de las Cuentas Especiales que se habían logrado eliminar durante la
reforma de los 90, reduciendo el significado real del presupuesto anual.
En consecuencia, es el momento de encarar el análisis del tema.
Es la oportunidad de observar las distintas experiencias internacionales y de diseñar
nuevos esquemas y conceptos que faciliten una gestión gubernamental ágil sin debilitar
los controles.Objeto
del trabajo: el Presupuesto Público
Es un proceso con cuya naturaleza es político-jurídico, es la expresión numérica de
las propuestas que hace el Poder Administrador (aspecto político) y que una vez aprobado
representa la autorización que le confiere el Poder Legislador para disponer de los
fondos públicos (aspecto jurídico)
El proceso tiene las siguientes etapas y responsabilidades:
- Formulación, corresponde a la exposición de las acciones que durante el período
quiere realizar el Administrador y que debe analizar el Legislativo
para su aprobación.
- Aprobación, es el acto que corresponde emitir por el Legislativo.
- Ejecución, es la gestión del Administrador que debe realizar dentro
de las pautas establecidas por el Legislativo.
- Rendición de Cuentas del Administrador.
Dentro de estas características, la etapa crítica es la de la formulación en la que se
requiere una participación simultánea de ambos poderes donde se puedan definir las
razones y el objetivo que se persigue con el pedido de asignación de fondos.
La realidad es que el proceso se realiza casi con exclusividad por el Administrador y el
Legislador interviene cuando están definidos los cálculos con poca posibilidad de
análisis.
Propósito del trabajo
El intento es describir los criterios y prácticas que permitan recuperar el papel
predominante del Presupuesto Público en el debate y las decisiones políticas.
En concordancia con ello, la definición de los procedimientos, prescripciones y
responsabilidades que lo hagan posible.
Simultáneamente, se hará referencia a la información de las cuentas y la rendición
sobre la ejecución del presupuesto. |
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