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En defensa de los Profesionales |
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Asociación Ilícita y Lavado de Dinero |
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Este
Consejo Profesional, en el marco del 6° Simposio sobre Legislación Tributaria Argentina,
brindó una conferencia de prensa el día 12 de agosto con el fin de divulgar la
problemática actual de nuestros matriculados respecto de la reciente modificación a la
Ley Penal Tributaria y las nuevas obligaciones que surgen para los profesionales de la
normativa en materia de Lavado de Dinero.
Los representantes del Consejo reclamaron al Gobierno que anule las modificaciones
introducidas a la Ley Penal Tributaria, por las cuales podrían ser juzgados como
integrantes de asociaciones ilícitas y que no se les endilgue tareas inherentes al Estado
en los delitos vinculados con lavado de dinero.
El presidente de la Entidad, Dr. Humberto Gussoni, expresó que "somos
receptores de la aparente inhabilidad que tiene el Estado para efectuar tareas de
control" y que los contadores están muy preocupados por la poca atención
que les dan tanto los funcionarios del Gobierno como los legisladores.
En cuanto a la eventual responsabilidad, dentro de la Ley Penal Tributaria, los
profesionales coincidieron en afirmar que en los delitos impositivos, el autor es quien
infringe el deber, cualquiera fuera su contribución al delito. En forma inversa,
señalaron, el que por ley no infringe el deber, no es autor del delito, cualquiera fuera
su contribución material.
Vicente Oscar Díaz, uno de los expertos más reputados del país en la
materia y miembro de nuestra Comisión de Estudios Tributarios, opinó que las
modificaciones a la Ley Penal Tributaria constituyen "un agravio al derecho
penal democrático", ya que de acuerdo con las nuevas normas sufre una
sanción mayor el profesional que "el autor de un homicidio simple".
El Consejo aclaró que "no apaña el delito tributario de manera alguna, pero tampoco
comparte la imputación objetiva por portación de título sobre quienes no tienen deberes
tributarios a su cargo".
Por su parte, el Dr. Humberto Jesús Bertazza, uno de los más destacados profesionales en
el área de la tributación, manifestó que la declaración del estado de alerta y
emergencia profesional debía entenderse como una "actuación global" de todos
los Consejos Profesionales del país inspirada en una acción colectiva más allá de os
gremial, en un intento de clarificar y clasificar la posición institucional en una
acción de pleno derecho individual de todos los profesionales del país.
Asimismo, Bertazza destacó que "el delito tributario es
propio del contribuyente por infringir la ley; la ley pretende hacer partícipe al
profesional por su conocimiento de la materia impositiva y de allí deviene una
imputación que no tiene base legal y que motivaría una sanción penal no excarcelable
mientras se sustancie el proceso pena que es abusiva para los derechos profesionales".
Además, la entidad respondió a la reciente reglamentación que realizó la Unidad de
Información Financiera (UIF) -Resolución 3/2004- sobre las responsabilidades para
controlar el lavado de dinero a que están obligados los matriculados en ciencias
económicas que actúan como auditores o síndicos de sociedades.
El Consejo recordó que dicha norma obliga a los profesionales en ciencias económicas a
informar a la UIF operaciones sospechosas en el marco de las tareas profesionales
desarrolladas según las normas de auditoria vigentes. Y, adicionalmente, exige a los
profesionales diseñar e incorporar a sus procedimientos de auditoria y de sindicatura un
programa global antilavado que les permita detectar este tipo de operaciones. Además,
obliga a los profesionales matriculados a aplicar el principio básico conocido
internacionalmente como "conozca a su cliente".
Al respecto, se advirtió que dicha normativa "obliga a los profesionales en ciencias
económicas a la realización de significativas tareas adicionales, so pena de sanciones
ante su incumplimiento", en un marco que "ha sido definido en forma genérica e
imprecisa, en lugar de fijar pautas objetivas".
Por eso, esta situación "convierte a la profesión en ciencias económicas en una
profesión de alto riesgo, asignándole a sus profesionales una misión de difícil
cumplimiento y colocándolos en posición de 'garantes'".
En función de lo expuesto el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires juntamente con la Federación Argentina
de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas, interpuso un Recurso
Jerárquico ante la UIF impugnando la Resolución 3/2004 y solicitando a esa institución,
o al órgano jerárquico competente, la revisión y reforma de dicha norma.
El presidente de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias
Económicas, Dr. Miguel Ángel Felicevich, expresó que "el
Estado nos obliga a hacer tareas policíacas y transfiere a los particulares sus propias
obligaciones".
Finalmente, se remarcó que "las graves e irreparables consecuencias que se
desprenden de lo expuesto, coloca a nuestra profesión en estado de alerta y emergencia,
obligando a los profesionales en ciencias económicas a actuar en su legítima defensa y,
especial y adicionalmente, a este Consejo en defensa de sus matriculados". |
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