Análisis Global



	La nueva política económica. Pesificación y devaluación

	Después de más de tres años de depresión económica –recesión más deflación-, el plan de convertibilidad entró aceleradamente en crisis durante el año 2001. La expresión más contundente de la crisis de confianza se manifestó en la desaparición del financiamiento externo, primero, y luego en la pérdida de depósitos bancarios y de reservas internacionales de divisas –del orden de los U$S 18.000 millones en cada caso-. La respuesta de las autoridades, en su momento, fue la imposición de restricciones a las operaciones bancarias ( corralito) y el anuncio de la cesación de pagos (default) del sector público. Con ello, obviamente, se verificaba el colapso del régimen de convertibilidad. En tales circunstancias, las nuevas autoridades económicas –que asumieron a principios de enero del corriente año– pusieron en marcha un programa, que estableció como principios básicos la pesificación de la economía y la devaluación del tipo de cambio. La pesificación fue la alternativa elegida frente a la dolarización plena de la economía, mientras que la corrección cambiaria tiene por objetivo la modificación de los precios relativos ( a favor de los bienes transables) después de más de diez años de tipo de cambio fijo. En cuanto al esquema macroeconómico de corto plazo, que pretende darle sustento al nuevo ordenamiento, se apoya, principalmente, en las políticas fiscal, monetaria y cambiaria, con la condición de una fuerte consistencia entre las mismas. La política fiscal está expresada en el proyecto de presupuesto 2002, que fue confeccionado bajo la hipótesis de una caída del PBI del 4,9 % y un incremento de precios, a nivel minorista, del 14 %. Se prevé una fuerte reducción del déficit, desde casi $ 10.000 millones en el 2001 a una cifra del orden de los $ 3.000 millones durante el corriente año, en función de una caída del gasto determinada, en lo principal, por menores intereses de la deuda pública y por una disminución en la compra de bienes y servicios de alrededor del 20 %. La cuestión fiscal es, además, un tema central en las negociaciones con el FMI, organismo que enfatiza la necesidad de establecer un nuevo régimen de coparticipación federal –que vincule más estrechamente el gasto público provincial con lo recaudado por cada jurisdicción-, reducir el gasto y el déficit de las provincias e iniciar un proceso de reforma de la estructura tributaria. Estos requerimientos, como es obvio, agudizan la tensión entre el Estado nacional y las provincias. En cuanto a las políticas monetaria y cambiaria adquieren ahora, con el nuevo régimen económico, un carácter activo, en contraposición al rol pasivo que cumplieron durante la vigencia del plan de convertibilidad. La política monetaria para el corriente año prevé una emisión de $ 3.500 millones, de los cuales $ 1.000 millones serán destinados como adelantos a la Tesorería. El Congreso tendrá el control sobre los límites de emisión establecidos, de acuerdo a lo estipulado por la reciente modificación de la Carta Orgánica del Banco Central. La política cambiaria, por su parte, se basa en la flotación del valor de las divisas –después de un período inicial en el cual se fijó la relación de $1,4 por U$S 1– y en el mantenimiento del control de cambios. Existe libre acceso al mercado de cambios para las operaciones de comercio exterior, pero se requiere autorización expresa del Banco Central para el giro de divisas al exterior por compromisos financieros o no comerciales. La consistencia de las políticas descriptas es un factor esencial a los fines de evitar, en primer lugar, que se genere una excesiva presión sobre el tipo de cambio –considerando que el dólar es visualizado como la única reserva de valor– y, con ello, un impacto desmedido sobre la tasa de inflación. En tal sentido, cuanto más rápido se logre estabilizar el tipo de cambio más aceleradamente podrán, también, flexibilizarse las restricciones existentes sobre la libre disponibilidad de los depósitos bancarios. La importancia de este último punto es crucial, dado que, en definitiva, la legitimación de la nueva política económica sólo es posible si se inicia un proceso de reactivación productiva que requerirá, a no dudar, de la gradual normalización del sistema financiero.





	El sector industrial ante la crisis

	La situación de la que partió el sector de la industria manufacturera al estallar en diciembre último la crisis económica, era particularmente crítica. La tendencia recesiva iniciada en julio de 1998 había afectado seriamente su nivel de actividad, ubicándose el estimador de producción desestacionalizado del INDEC de diciembre pasado 21,8% por debajo del nivel de junio de 1998. Más aún, ya en noviembre había descendido al nivel de producción mensual seguramente más bajo de la última década. Asimismo, en el año 2001 la producción manufacturera descendió 6,2% respecto de 2000, contracción que se vio acelerada fuertemente y sin interrupción en el segundo semestre. Las perspectivas para el sector podrían tener un cambio especialmente relevante a partir de la reciente modificación del régimen cambiario y la consecuente devaluación del peso. En tanto y en cuanto no sea carcomida por el aumento de los costos internos, la devaluación provoca una modificación de los precios relativos de los bienes comercializables internacionalmente con respecto a los no transables, tendiendo así a incentivar la producción para la exportación y la que compite con productos de importación. Pero temporalmente, tras una devaluación, suele observarse para las cantidades exportadas el efecto de la “curva jota”, señalado por Paul Krugman. Es decir, las exportaciones caen en los primeros meses y luego presentan una tendencia de crecimiento acelerado. Dicha caída inicial puede responder, entre otros factores, a restricciones de financiación interna y externa y a un lapso de adaptación a las nuevas condiciones macro y microeconómicas. En el caso argentino actual, a esos factores se agrega el fuerte efecto que sobre la demanda interna -incluyendo la cadena de pagos- tienen las restricciones a la disponibilidad de depósitos bancarios, así como el elevado grado de incertidumbre existente. Superado el mencionado lapso de adaptación, las actividades manufactureras más favorecidas en principio por la devaluación serían por una parte, aquéllas que pueden aumentar sus exportaciones, tanto las apoyadas en ventajas comparativas estáticas o dadas (aceites y subproductos y curtiembre, por ejemplo), como las que tendrían ya ventajas dinámicas o adquiridas (diversos rubros petroquímicos, tubos sin costura). Por otra parte, es previsible en principio una evolución favorable de diversas producciones que sustituyan importaciones -en condiciones razonables de eficiencia o productividad-, siendo aquí el espectro bastante amplio, desde productos básicos como papel, hasta bienes de capital como maquinaria agrícola, por ejemplo. Con referencia a la actualidad y el muy corto plazo, la situación del conjunto sectorial se aprecia como particularmente asimétrica, tanto a nivel de rama y subrama como de empresas. Los amplios y significativos cambios macroeconómicos realizados y a realizar -en un proceso de transición en curso-, afectarán en forma diferente de acuerdo, entre otras variables, al grado de dependencia del mercado interno, la proporción de insumos importados, la elasticidad de la demanda respecto del precio y del ingreso, el efecto de la pesificación de las deudas y el mayor o menor acceso a la financiación en un marco muy restringido.