Análisis Global



	Crisis económica y seguridad jurídica

	En las últimas semanas el Gobierno había logrado concretar ciertas iniciativas y efectuar determinados anuncios que tendían a descomprimir, parcialmente, el grave cuadro de situación existente. El acuerdo fiscal con los gobernadores y la sanción del presupuesto 2002 se destacaron como las acciones más relevantes. Los anuncios, a su vez, realizados a principios de marzo, se centraron en tres grupos de medidas: a) relacionadas con la flexibilización del “corralito”, a través de la emisión de tres bonos -dos en dólares y uno en pesos- canjeables por depósitos a plazo fijo reprogramados; b) nuevos instrumentos financieros, como las letras del Banco Central para regulación monetaria, las aceptaciones bancarias y la constitución de depósitos a siete días de plazo, y c) la imposición de derechos a las exportaciones con fines recaudatorios y de control inflacionario. Simultáneamente, se iniciaron negociaciones con el FMI, tema con respecto al cual el Gobierno ha demostrado sumo interés por diversas razones. En primer lugar, porque la obtención de ayuda financiera mejoraría la posición de reservas del Banco Central. Pero además y no de menor importancia, porque ello destrabaría el acceso a otras fuentes de financiación -Banco Mundial, BID-, por un lado, y permitiría iniciar las tratativas para el arreglo de la deuda externa -pública y privada- con los residentes en el exterior, por el otro. Además, se estima que un acuerdo con el FMI impactaría positivamente en la percepción de los agentes económicos, tema significativo dada la elevada incertidumbre existente y cuya manifestación más notable -aunque no la única- es la masiva demanda de divisas como reserva de valor. De todas maneras, las dificultades para alcanzar un acuerdo son manifiestas y tienen que ver con las mayores condicionalidades impuestas por el FMI. Las razones se centran en los reiterados incumplimientos de la Argentina frente a diversos compromisos asumidos en los últimos años, en la declaración de “default” de la deuda externa efectuada a fines del año pasado y en la actitud más restrictiva para otorgar asistencia financiera que expone la nueva conducción del organismo multilateral. Este último aspecto se expresa, por ejemplo, en exigencias que trascienden el plano puramente fiscal y monetario, hasta extenderse a cuestiones relacionadas con la seguridad jurídica, como la derogación de la ley de subversión económica y la reformulación de la ley de quiebras. Independientemente de la relación con el FMI, el tema judicial tiene también un punto de conflicto severo con el programa económico vigente, focalizado en la autorización de los jueces a los recursos de amparo presentados para recuperar depósitos que quedaron reprogramados en el sistema financiero. Estas acciones judiciales entran en colisión con la capacidad de los bancos para restituir tales depósitos con sus propios recursos o bien, con los límites de emisión que impuso el programa monetario para el año en curso, si el Banco Central asistiera con redescuentos dicha necesidad de liquidez de los bancos. Desde esta perspectiva, por último, se comprueba que los problemas planteados por la crisis exceden el programa económico y alcanzan también a la necesidad de armonizar el plano político-institucional.





	Devaluación y precios

	El abandono de la convertibilidad y la consecuente devaluación del peso, llevaron a una reversión de la tendencia de la tasa de inflación, que pasó a ser crecientemente positiva en los primeros meses del corriente año. Luego de una primera etapa con un régimen cambiario dual -con un tipo de cambio fijo en $ 1,40 por dólar para el comercio exterior-, el adelantamiento con respecto a lo previsto oficialmente del pasaje a un mercado de cambios único y libre, implicó en los hechos una acelerada apreciación del dólar, significativamente mayor que la observada durante los primeros meses en casi todos los países que devaluaron su moneda en la última década. En el primer bimestre del año, el índice de precios al consumidor acumuló una suba de 5,5% y el índice de precios internos al por mayor, 18,5%. El primero está compuesto en casi 50% por servicios, los cuales no reciben un efecto pleno de la devaluación y en el caso de las tarifas de servicios públicos, no han variado al estar pendientes de una renegociación de los contratos. En cambio, el índice mayorista no incluye servicios y comprende insumos y bienes finales comerciables con el exterior. Cabe señalar que el aumento de precios de los alimentos ha sido superior al registrado por el nivel general del índice de precios al consumidor, lo cual afecta especialmente a los hogares más pobres. Estos destinan -según el INDEC- 49,5% de sus ingresos al gasto en alimentos, proporción que se reduce a 24,2% para los hogares con mayores ingresos. Existen varios factores que tienden a morigerar el efecto de la devaluación sobre los precios: la debilidad de la demanda interna de bienes y servicios en el contexto de una fuerte recesión, la iliquidez resultante de las restricciones a la disponibilidad de depósitos bancarios y una mayor cautela de los consumidores en su gasto. Por el contrario, tiende a incrementar el efecto inflacionario el hecho de que sean bienes de exportación alimentos básicos de la canasta familiar (fuertes aumentos de aceites comestibles y harina de trigo, por ejemplo) y también insumos industriales de uso difundido (acero, aluminio, plásticos), cuyos precios internos tienden con frecuencia a seguir los precios de exportación en pesos, aumentados éstos por la devaluación. En igual sentido opera la importante memoria inflacionaria de los agentes económicos y el grado de “dolarización” de la conducta de los mismos, factores desarrollados a partir de los picos inflacionarios sufridos, que tuvieron un hito inicial en 1975. El accionar directo del Gobierno frente a la inflación ha comprendido hasta ahora algunos acuerdos de precios sectoriales, la actualización de las multas previstas en la Ley de Abastecimiento, la aprobación de derechos de exportación, la reducción de aranceles a la importación y la obligación para los supermercados de informar semanalmente los precios de productos de la canasta familiar. Las autoridades han expresado, además, que están dispuestas de ser necesario a bajar a cero los aranceles de importación de productos de mercados oligopolizados -como los de ciertos insumos industriales de uso difundido- o bien llegar a fijar precios si las variaciones de éstos superan el incremento de costos en mercados muy concentrados. Resulta claro que en el actual esquema macroeconómico la evolución de la tasa de inflación resulta crucial, ya que determina el grado de deterioro de los salarios reales y del consumo respectivo, así como también actúa sobre la evolución del tipo de cambio real y la competitividad a él asociada, cuya mejora fue el objetivo principal del nuevo régimen cambiario.