Sector Agropecuario

SITUACION

• Lejos de solucionarse, el conflicto agropecuario se agudizó, observándose al cierre de esta edición que los alcances de la disputa han comenzado a propagarse a otras esferas de la actividad económica, particularmente en el interior del país.

• Paradójicamente, no parece haberse visto afectado el comercio exterior de granos, que en los primeros cinco meses del año lleva embarcado un volumen superior en un millón de toneladas de soja y en 700 mil de maíz, al correspondiente a igual período de 2007.

Evolución del conflicto agropecuario

Al cierre de este informe, el último paso dado por el Gobierno nacional, tendiente a flexibilizar los efectos de la aplicación de las retenciones móviles surgidas de la resistida Resolución 125, tuvo dos aspectos, uno referido al tope de los derechos de exportación para los distintos granos y el otro al universo de productores que podrían aspirar a cobrar compensaciones.

El primero -con el que se pretendió devolver la vigencia del mercado de futuros- estableció 52,5% de retención para la soja a partir de una cotización de u$s 750 la tonelada (antes 58,5); 41,6% para el trigo a partir de los u$s 600 por tonelada (antes 46,3%); 45% para el maíz, a partir de un precio de u$s 400 (antes 53,8%), y 52,7% para el girasol, a partir de u$s 900 (antes 59,1%).

El segundo aspecto contemplado por la medida fue la inclusión de los agricultores monotributistas entre los pequeños productores de soja y girasol que recibirán reintegros de retenciones. Este sector, estimado en unos 3.000 productores, estaba excluído de ese beneficio por no estar inscripto en el Registro Fiscal de Operadores de Granos. Los reintegros que recibirán los productores de hasta 150 ha en la zona pampeana y de hasta 350 en las extra pampeanas, retrotraen la situación a una retención de 35%, es decir a la vigente hasta el 11 de marzo, fecha del anuncio disparador del conflicto.

Las medidas no fueron aceptadas por las entidades que agremian a los productores, las que decidieron dar continuidad a las medidas de fuerza adoptadas que -con alguna alternancia aprovechada por los productores para vender su producción- llevan ya tres meses de duración. El rechazo a las medidas obedeció por una parte, a su no aplicabilidad inmediata (los precios estaban lejos de los considerados en la modificación) y por otra, a la falta de confianza del sector en su aplicación, habida cuenta de las dificultades registradas para la efectivización de disposiciones anteriores de similar carácter.

En el mes de junio y para enrarecer aún más la situación, sumaron su protesta los transportistas, que como consecuencia de los paros agrarios vieron paralizadas sus actividades. Los cortes de rutas se generalizaron y provocaron desabastecimiento de productos, sobre todo en ciudades del interior.

Negociaciones fallidas y falta de ellas condujeron a la radicalización de las posiciones. El Gobierno adoptó algunas medidas que profundizaron el malestar del sector: la obligación de los productores de informar a la ONCCA, bajo declaración jurada, la existencia de granos en su poder y las variaciones que registren; exportaciones de trigo y derivados sujetas a la autorización de la ONCCA que la dispondrá en función de sus estimaciones sobre la disponibilidad de los productos; requerimientos de información para completar las planillas del Censo Nacional Agropecuario -actualmente suspendido en apariencia- que incluyen datos personales e ingresos devengados durante el período; instrumentación por parte de la AFIP de un régimen que obliga a las empresas agropecuarias a informar las facturas que emitan por ventas al mercado interno o al exterior, en forma mensual y retroactiva al 1º de enero de 2008.

Entre otras manifestaciones de disconformidad, las entidades del sector cuestionan la constitucionalidad de las retenciones, siendo consideradas confiscatorias al sobrepasar el nivel de 33%. La provincia de San Luis, por su parte, demandó al Estado nacional ante la Corte Suprema por considerar que las retenciones en su actual nivel afectan la coparticipación federal al dejar de percibirse el impuesto a las ganancias -coparticipable- que se obtendría de no regir los derechos de exportación.

Estimaciones de producción para el sector

Tal como pronosticó el USDA, la cosecha de soja de la campaña 2007/08 será de alrededor de 48 millones, un millón de toneladas superior a la anterior. De hecho, ya se llevan cosechadas 47 millones, 97% del total estimado.

El pronóstico del USDA para el trigo de la campaña 2008/09 es de 14,5 millones de toneladas, 500.000 toneladas menos que en su estimación anterior. Esta reducción sería consistente con la caída de 500 mil hectáreas en las áreas cultivadas, que según la Bolsa de Cereales de Buenos Aires se habría producido como consecuencia de la escasez de lluvias y de las desfavorables expectativas derivadas del conflicto.

En cuanto a las exportaciones de carne vacuna, el SENASA informó que las ventas realizadas en el primer cuatrimestre del año alcanzaron a 135,2 miles de toneladas por cerca de u$s 400 millones, lo que implica un alza de 7% en volumen y de 32% en valor, respecto de igual período de 2007.

PERSPECTIVAS

• Al cierre de esta edición, la evolución del conflicto sectorial no parece presentar señales de una pronta solución, a pesar de lo prolongado del mismo.

• Las nuevas alzas de los precios internacionales de soja y girasol que tuvieron lugar desde principios del mes de junio, provocadas en buena medida por las condiciones climáticas que enfrenta Estados Unidos, tendrán efectos de sentido inverso: elevar las retenciones al 44% y compensar la posible baja de las cotizaciones internas ante la eventual avalancha de ventas una vez reiniciada la comercialización.