Distintas etapas

Tradicionalmente, la economía argentina mostró una tasa de inversión del orden del 20-22% del PBI, definiéndola como relación por cociente entre la inversión bruta interna y el producto bruto interno, o empleando la simbología de los textos (2), Tasa de I = (I/Y)*100.

La presencia de estos guarismos, su relativa estabilidad y su coincidencia, en general, con los resultados de cuentas nacionales de economías desarrolladas dieron pie a suponer que la igualdad de coeficientes era correspondida con la similitud de estadios de evolución. Difícil era asumir que los datos de las economías avanzadas eran resultado de haber culminado la maduración de sus respectivos procesos de desarrollo, mientras que los relativos a nuestro país eran un indicador del agotamiento de una etapa inicial de su proceso.

Algo semejante ocurría con la propia tasa de crecimiento de la economía, donde la similitud de sus ritmos de variación hacía creer que se originaban en la pertenencia a una misma categoría de países.

La situación meramente numérica cambió fuertemente con la posguerra de Malvinas. La finalización del conflicto evidenció la profunda crisis de las finanzas públicas, lo que obligó al Estado a reducir su participación en esta variable, de la cual era su principal aportante y dinamizador (3). Durante los años inmediatos a dicho evento, los indicadores de inversión macroeconómica de la Argentina se redujeron a niveles cercanos a la mitad de los anteriores, y la tasa se ubicó en un entorno del 12-14% del producto.

Ahora bien, como estos indicadores dan cuenta de la formación bruta de capital, se hace necesario, para dimensionar el verdadero incremento de la capacidad productiva de un país, tomar en cuenta la variable neteada de amortizaciones. En estos términos, es posible hablar también de una tasa macroeconómica de amortización, definida por cociente entre la masa correspondiente al consumo de capital y el producto bruto, simbológicamente: (A/Y)*100.

Las estimaciones de esta tasa efectuadas en el pasado para nuestro país (4) dieron cuenta de que el coeficiente se ubica en alrededor del 10-12% del PBI. En estas circunstancias, las relaciones tradicionales de inversión obviamente se verían reducidas a la mitad; serían absolutamente insuficientes como indicadores de inversión neta y de altísima criticidad dada su cercanía a 0% del PBI en el período posterior a Malvinas (5).

Durante la presidencia de Carlos Menem, y por impulso del proceso de privatización de empresas públicas y de reforma del Estado, se vieron recuperados los niveles de inversión tradicionales, es decir, que la tasa volvió a ser de alrededor de 20-22% del PBI, lo que dio lugar a un renacimiento de ideas anteriores de igualarnos con las potencias más desarrolladas; inclusive se llegó a manifestar pública y oficialmente nuestro ingreso al primer mundo como sociedad.

Pero su agotamiento también provocó un retorno a los coeficientes del 12-14% (en el año 2002, 11%) como en el período postMalvinas, lo que también da pie a comprobar cómo la tasa de inversión ha sido sostenida por el esfuerzo financiero del Estado o por la fuerza de su capacidad de inducción de inversiones.

El discurrir de la tasa macroeconómica de inversión durante los últimos años puede ser seguido en el gráfico ubicado a continuación, elaborado con información tomada del Ministerio de Economía.

Los datos dan cuenta del peligro de reducción del aparato productivo argentino o, en el mejor de los casos, de su no crecimiento, siendo éste la demostración cuantitativa, en el ámbito de las cuentas nacionales, del estancamiento económico soportado por nuestra sociedad.

La tasa "necesaria" de inversión

La definición de esta tasa debe ser puramente empírica, conceptualizándola como aquella que permita acceder a niveles de desarrollo aceptables, comparables con las de las potencias económicas, en términos de una generación: 20-25 años; ello, desde ya, supone una descalificación de pronósticos muy optimistas.

Atendiendo a que el desempeño de la economía argentina en las últimas décadas ha sido deficiente, la elección de un indicador objetivo, como concreción de anhelos a alcanzar en materia de inversión, y expresado como proporción del PBI, debe ser resultado de la observación de experiencias internacionales cercanas y exitosas. La Argentina debe pretender niveles de inversión muy superiores al 14% del PBI y también muy superiores a los de su tradición histórica.

Si se toma la experiencia vivida por otras economías que han atravesado un proceso de desarrollo reciente, por ejemplo las del Extremo Oriente, deberá aceptarse que la tasa de inversión debería ser igual o superior al 30%. Cabe recordar que en países de esa región (Japón, Corea del Sur, Taiwan, China, Malasia, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Singapur, etc.) se registraron coeficientes de hasta el 35-36%. También se debe hacer notar que en dichas economías, al ser la edad de su parque de activos fijos muy reciente, sus tasas de amortización son menores que aquellas que se registraron en nuestro país.

Es probable que en las economías citadas hubiera coeficientes de amortización mayores debido a la obsolescencia de equipos por estar insertadas en una vorágine de competitividad que obligue a ello; pero también es cierto que la obsolescencia no abarca la totalidad del espectro productivo, sino aquellas actividades que, por estar a la vanguardia, requieran alta rotación a fin de conservar sus posiciones relativas. Quedan fuera de esta alternativa aquellas vinculadas a la infraestructura productiva: carreteras, puentes, centrales hidroeléctricas, puertos, aeropuertos, etc., en las cuales, la obsolescencia tecnológica es menos veloz que en otras, como la microinformática, nuevos materiales, etc.

Esto hace que la Inversión Neta de esos países sea notablemente superior a la nuestra. Ello explica nuestro retraso relativo y nuestro estancamiento productivo.

La tasa "probable" de inversión

Si la tasa necesaria de inversión es superior al 30% del PBI, la tasa "probable", definida como aquella que cabe esperar de acuerdo con nuestra tradición histórica, es bastante inferior.

Esta afirmación no se encuentra avalada exclusivamente por la estadística histórica referida a esta variable, sino que además existen condicionantes económicos que tienden a consolidarla: finanzas públicas deterioradas, actuales niveles de utilidad en sectores de actividad susceptibles de levantarla y una generalizada conducta desaprensiva respecto al manejo de nuestros recursos productivos.

Por otra parte, habría que remover los argumentos recién citados para poder acceder a la tasa necesaria.

La experiencia histórica mostró que, en tanto la Inversión Pública tuvo dinamismo y el Sector Público fue activo promotor de la actividad económica, como en la etapa preMalvinas o durante los primeros años de la década anterior, la Inversión Bruta Total también evidenció "tonicidad" en su performance. Por el contrario, cuando aquel desertó como inversor, careció de proyectos o no ofreció alternativas estimulantes al conjunto de la sociedad, la inversión bruta interna presentó guarismos decepcionantes, como los de los últimos años o los primeros de la década del ochenta.

Esto supone que en la estructuración de las finanzas públicas deben ser tenidas en cuenta estas características de la evolución de la cuenta inversión bruta interna y hay que incluir dentro de los futuros presupuestos fuertes partidas destinadas a la inversión. Por supuesto, no es cualquier inversión, sino aquella orientada a incrementar el capital social básico de nuestro país, aquella orientada a ampliar el aparato productivo, aquella destinada a servir de infraestructura de la inversión privada, aquella que induzca al inversor privado a concretar su propio proyecto.

Mientras el tratamiento de la situación de las finanzas públicas sea similar al llevado a cabo durante los últimos años, la tasa de inversión que presentará nuestro país se acercará fuertemente a la verificada en el mismo: cercana a la Inversión Neta negativa. El riesgo se irá disipando a medida que la confección de los presupuestos de gastos estatales vaya teniendo en cuenta las necesidades de consolidar la nación creada por nuestros mayores.

Por otro lado, el proceso de reforma del Estado y privatización de empresas estatales verificado a comienzos de la década pasada, que, como se dijo, supuso un retorno a la tasa de inversión tradicional de la Argentina, ha tenido paradójicamente sus consecuencias en el deterioro de las expectativas de inversión futura. Durante el proceso privatizador, las modalidades que este adoptó implicaron el acceso a muy altas tasas de rentabilidad para los inversores por su capital efectivamente inmovilizado; ello es como consecuencia de haber aportado títulos públicos que pudieron ser adquiridos a valores venales y aportados a valor nominal, como asimismo por haber recibido seguridades de altas tasas de remisión de utilidades al exterior.

El agotamiento de este proceso supone la reducción de su tasa de ganancia media, dado que se reduce la tasa marginal de utilidad para toda nueva inversión, sea esta nueva o de reposición, debido a la imposibilidad de recrear las condiciones existentes en el momento de la privatización. Es por ello que, en varios casos, las autoridades gubernamentales, con la idea de concretar inversiones, otorgaron mayores concesiones a las originalmente pactadas (ampliación de plazos, reducción de exigencias de mejoras o ampliaciones, etc.) como forma de atenuar la caída de la rentabilidad media de la inversión, aunque los resultados obtenidos, por lo que muestra el indicador del año 2002 (11%), dan cuenta del fracaso.

El sinceramiento de esta situación ocasionará no pocos problemas a las autoridades que la aborden y significa, para la actual conducción, mostrar una gran entereza y valentía al haberse propuesto su renegociación.

El tercero de los pilares problemáticos tiene que ver con el manejo desaprensivo que se hace en nuestro país de los recursos productivos, haciendo especial referencia en este caso a los recursos de capital. Volviendo a los textos introductorios de la macroeconomía, se señala la existencia de tres recursos fundamentales: naturales, humanos y de capital.
En materia de recursos productivos se nota despilfarro: aparece así una conducta que no existe ni en los países más desarrollados del planeta. El despilfarro existe a pesar de que los agentes encargados de su cuidado, protección y/o desarrollo, dirigentes políticos, funcionarios, etc., en el caso de ser consultados acerca de la política que llevan a cabo respecto a esos recursos, tienden a afirmar que deben satisfacer necesidades múltiples administrando ese recurso escaso.

La experiencia indica lo contrario. En cuanto a recursos naturales (T), existe una concepción generalizada acerca de la riqueza de nuestro país, dimensionable en la superficie cultivable, la magnitud de tierras aptas para la ganadería, la disponibilidad de yacimientos minerales, masas boscosas, plataforma submarina, fuentes de agua dulce, etc. Pero lo que no posee el mismo grado de generalización es el descuido de ellos que llegó al punto de poner en peligro la propia existencia de masas boscosas patagónicas (6). También es perceptible el aumento en la desertificación en nuestras llanuras, la dilapidación de recursos no renovables, etc.

Respecto del recurso humano (L), también existe consenso acerca de la riqueza potencial de la mano de obra argentina, su calificación, profesionalización, etc. Pero los indicadores de desocupación abierta o encubierta dan cuenta de una realidad muy distinta de la aceptada, y las deficiencias de nuestro sistema educativo, en todos los ciclos, muestran que los problemas persistirán en el largo plazo. Aquí también hay igualmente desaprovechamiento de capacidad productiva.

En materia de recursos de capital (K), nuestro país adopta una conducta no menos despilfarradora que en los casos anteriores, pero más grave aquí debido a que, por tratarse de un país no desarrollado, su nivel de desarrollo es expresión de la falencia de capital, mostrando así en algunos casos una notoria insuficiencia.

La actitud hacia este recurso es también de destrucción, nítidamente visible en los casos de levantamiento de ramales ferroviarios o en la fuerte reducción del número de establecimientos industriales, como los resultados de los últimos censos económicos se encargan de demostrar, y sin que se detecte una sincera preocupación al respecto de parte de las autoridades de turno.

El panorama descripto más arriba contradice abiertamente la teoría económica más elemental, ya que no se ha visto en los últimos años una articulación de políticas tendientes a "administrar recursos escasos para atender necesidades múltiples", sino que lo más destacado es la conducta suicida respecto
a los recursos productivos que tiende a minar nuestra constitución como sociedad.