Expresamos nuestra preocupación ante la reciente sanción de la Ley 27.791, que establece una serie de beneficios en materia previsional —como un incremento excepcional en haberes jubilatorios y una ayuda económica previsional, entre otros— y que, si bien contaría con un anunciado veto presidencial, podría ser promulgada mediante la insistencia del Congreso conforme lo previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional.
Si bien valoramos el esfuerzo por mejorar los ingresos de los beneficiarios del sistema de seguridad social, advertimos que entre las fuentes de financiamiento de estas medidas se incluye la derogación del artículo 79 de la Ley 24.467, que contempla beneficios impositivos para los contratos de garantía recíproca bajo el Régimen PyME.
La eliminación de este incentivo fiscal representa un serio retroceso para el desarrollo económico financiero, afectando directamente a las pequeñas y medianas empresas, que constituyen uno de los principales motores de la economía y del empleo formal en nuestro país. Asimismo, se restringe una alternativa relevante de inversión para personas humanas y jurídicas, con impacto negativo en el financiamiento productivo.
Entendemos que las medidas tendientes a fortalecer el sistema previsional no deben implementarse a expensas de herramientas clave para la sostenibilidad del tejido productivo nacional.
Por ello, instamos a las autoridades competentes a revisar esta decisión y a considerar mecanismos de financiamiento alternativos que no comprometan el desarrollo de las PyMEs, las cuales, además de generar empleo genuino, contribuyen activamente a la conformación de los recursos de la seguridad social.