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Desde nuestro Consejo enviamos una presentación a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, a la Comisión de Presupuesto y Hacienda, a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y a la Subsecretaría de Ingresos Públicos, dependiente del Ministerio de Economía de la Nación, para acercar una propuesta vinculada con el Proyecto de Reforma de Procedimiento Fiscal - Ley 11.683 - y el Régimen Penal Tributario – Ley 27.430.
El motivo de esta solicitud es contribuir al objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes y sus asesores. En ese sentido, se plantea una iniciativa orientada a la actualización de las sanciones formales contempladas en los artículos 38 a 40 de la Ley 11.683.
Utilizamos el IPC (Índice de Precios al Consumidor) adoptado por la Ley 27.743 de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes como factor de ajuste, con el fin de aplicar un parámetro objetivo de actualización. Esta adecuación se practicó considerando las fechas de vigencia de cada sanción hasta la actualidad. Para el caso de la multa del artículo 38, el importe actualizado arroja la suma de $ 104.131 para Personas Humanas y $ 208.262 para los demás contribuyentes. Como puede observarse, los importes resultantes difieren notoriamente de los contemplados en el texto del Proyecto.
A su vez, sin perder de vista el incumplimiento y la necesidad de establecer una penalidad, sabemos que el impacto de una multa económica para una pequeña empresa es mayor respecto a entes con estructuras más solventes. Es por eso que sugerimos incorporar un esquema de reducción porcentual que contemple la capacidad económica de los contribuyentes. Por tal motivo, y considerando la categorización vigente en materia de Planes de Facilidades de Pago proponemos un esquema de reducción que contemple las siguientes categorías:
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