24/08/2026
La Unidad de Información Financiera (UIF) inició mesas de trabajo con representantes de los organismos profesionales de Ciencias Económicas con el objetivo de analizar los lineamientos normativos aplicables al sector de contadores y evaluar criterios de efectividad para la implementación de la Resolución UIF Nº 42/2024.
En este marco, nuestro Consejo Profesional, representado por el Dr. Oscar Fernández, participó de la primera reunión de trabajo junto con autoridades de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y de la Federación Argentina de Graduados en Ciencias Económicas (FAGCE).
Uno de los principales resultados del encuentro fue la prórroga hasta el 1º de marzo de 2027 de la presentación del Informe de Revisión Externa Independiente (REI), cuyo vencimiento se encontraba previsto para el 31 de agosto de 2026.
La medida responde al planteo realizado por el Consejo, que el pasado 7 de agosto había solicitado formalmente a la UIF la suspensión del vencimiento correspondiente al primer Informe del REI para los períodos 2024 y 2025.
En aquella presentación, el Consejo había señalado la necesidad de contar con un marco normativo claro y preciso que permitiera a los profesionales determinar adecuadamente el alcance de sus obligaciones, particularmente frente a los interrogantes que aún subsisten en torno a la aplicación de la Resolución UIF Nº 42/2024 y a la determinación de cuándo un contador público queda comprendido como sujeto obligado.
La UIF informó que la prórroga se establece en el marco de un proceso de trabajo conjunto que se desarrollará durante los próximos seis meses. Durante los primeros tres meses se analizarán las consultas y planteos vinculados con el alcance de las obligaciones correspondientes a las actividades específicas, mientras que los tres meses siguientes estarán destinados a acciones de difusión y sensibilización para facilitar la preparación del sector frente a los nuevos lineamientos.
Desde nuestra Institución se continuará participando activamente en estas instancias de diálogo conjunto con el objetivo de aportar propuestas y criterios que contribuyan a una implementación clara, razonable y adecuada a las características del ejercicio profesional, en línea con los objetivos de prevención del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
